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NC propone medidas de choque contra la pobreza que CC y el PSC deben votar en el Parlamento

Las propuestas están dotadas con 5,3 millones de euros detraídos de los fondos destinados en 2013 a publicidad, propaganda y otros gastos corrientes

Nueva Canarias (NC) ha propuesto unas medidas de choque contra los crecientes niveles de pobreza detectados en las Islas por la crisis, que los grupos de CC y el PSC, que sustentan al Gobierno, deberán votar en el Parlamento. NC ha dotado a estas iniciativas con 5,3 millones de euros, que han sido detraídos de los fondos que el Ejecutivo tiene asignados en 2013 para publicidad, propaganda y otros gastos corrientes. Este trabajo ha sido plasmado en sendas enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (PGCAC), cuya votación final está prevista para el próximo 27 de diciembre.

En los PGAC para el próximo año, según explicaron los dos diputados nacionalistas Carmen Hernández y Román Rodríguez, todos los programas de acción social disminuyen en 16,6 millones de euros, lo que supone una rebaja del 6,3%. El presupuesto total en esta materia está dotado con 247 millones de euros.

Al inicio de la crisis, en las Islas la tasa de riesgo de pobreza era del 24,8%, cinco puntos más que la media estatal. Tres años después, en 2011, aumentó al 33,8%, nueve puntos más que en 2008. Además, según Unicef, el riesgo de pobreza infantil en Canarias se sitúa en el 38,2% frente al 26,2% de España, es decir, 12 puntos más que la media estatal.

La reacción del Gobierno ante esta situación, según Rodríguez y Hernández, ha sido la de reducir 2,3 millones de euros el programa para el fomento de la inclusión social, que financia la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Pero además, la partida de apoyo a la ley canaria de inserción, que se transfiere a los ayuntamientos para gestionar el PCI, se recorta en 2,6 millones de euros, un 56,2%.

Con estos datos, Carmen Hernández aseguró que el Ejecutivo de CC y el PSC decide "ignorar" uno de los efectos más alarmantes de la crisis. Se refería al hecho de que "se agrava la exclusión de los que ya eran vulnerables" mientras que "nuevos sectores sociales empiezan entran en la pobreza".

Las razones principales, continuó, el número de parados existentes, 378.000 canarios, el aumento constante de las personas desempleadas, el 53% de las personas sin trabajo de larga duración y sin ayuda alguna y el creciente número de hogares con todos sus miembros activos sin empleo.

Las manifestaciones más extremas de la pobreza, según Hernández, son los desahucios, los cortes de luz, el aumento de los usuarios de los comedores gratuitos y la cantidad de personas que recurren a los bancos de alimentos.

Financiación del Plan

Para atender esta "preocupante" situación social, NC presentará un conjunto de enmiendas a los presupuestos de 2013. El grupo parlamentario propone un plan específico de choque contra la pobreza y la exclusión social dotado con 5.399.580 euros.

La mayor parte de los fondos, concretamente 4,3 millones de euros, se obtienen eliminando una serie de gastos "prescindibles" en la estructura de la Presidencia de Paulino Rivero. Se propone que se den de baja los gastos de publicidad, propaganda, para el Día de Canarias, para la contratación del servicio de noticias, la campaña institucional de Navidad, los estudios, trabajos y honorarios profesionales y el canal internacional de la televisión autonómica. Todas estas partidas están reservadas para los gastos de asistencia técnica y política al presidente y de relaciones informativas.

NC plantea además que se aumente un millón de euros los fondos destinados a los municipios para la gestión del PCI. Este dinero sale de un apartida que el Gobierno nomina como "gastos imprevistos y funciones clasificadas" del capítulo de gastos corrientes.

Paralelamente, el grupo parlamentario plantea que se suprima la disposición adicional final primera del proyecto de ley presupuestario. Esta disposición pretende modificar la norma regulatoria del PCI para ampliar de dos a seis meses el plazo para resolver la concesión de esta ayuda y, "lo que es más grave", según Hernández, que se considere denegada la solicitud si el Ejecutivo no contesta en el plazo previsto. Tampoco se podrá prorrogar la PCI más allá de los 24 meses