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NC pregunta al Ejecutivo de Clavijo si recurrió el convenio de carreteras en 2015 y 2016

Román Rodríguez valora la sentencia del Supremo contra el recorte de 138 millones de euros de 2012 aplicado por Fomento y denunciado por el Gobierno de Paulino Rivero

El presidente y portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, preguntó hoy al Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo si recurrió los recortes aplicados, de forma unilateral, por el Ministerio de Fomento al convenio de carreteras en 2015 y 2016. Rodríguez valoró la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra la aminoración de 138 millones de euros de la anualidad de 2012 aplicada por la Administración estatal y denunciada en la vía judicial por el Gobierno de Paulino Rivero y el consejero en la materia, Domingo Berriel. Los nacionalistas de izquierdas plantearon a Clavijo la oportunidad de retomar la exigencia de la devolución de la totalidad de la deuda, estimada en unos 750 millones de euros.  

Para NC, la sentencia del Supremo evidencia el “maltrato” del Ejecutivo estatal del PP contra el que reaccionó, por la vía judicial, el gabinete canario de Rivero ante la “imposibilidad de poder corregir este agravio” en el ámbito político. La “drástica” reducción del 67% de los 207 millones de euros de la anualidad de 2012 correspondiente al convenio bilateral de 2006 a 2017, tal y como refirió Román Rodríguez, supuso un riesgo para la continuidad de múltiples infraestructuras en marcha al mismo tiempo que frenó las inversiones productivas generadoras de empleo en las islas.

Una decisión unilateral que, para la izquierda nacionalista, mostró la escasa sensibilidad del primer gabinete de Rajoy, que gobernó con mayoría, hacia una comunidad muy castigada por la crisis económica. “No aceptábamos” el argumento de que “no había más dinero” ya que Fomento aumentó sus presupuestos el citado año, recordó el presidente de NC. Lo que se evidenció fue que Madrid decidió un “reparto poco equitativo” de los recursos existentes, criticó.

El citado convenio, continuó, recogía la obligación del Estado, ahora confirmada por el TS, de dotar anualmente las inversiones para las infraestructuras en Canarias, a través de sus presupuestos generales, como se contempla además en la Ley 19/1994 de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para las obras de interés general, en sus artículos 95 y 96.

Este fallo judicial es además una buena noticia, según Román Rodríguez, para otros recursos que, por los mismos motivos, planteó el Ejecutivo canario en la pasada legislatura. El  presidente de NC recordó que la deuda de Fomento con Canarias por este convenio, que expiró el pasado 31 diciembre, ronda los 750 millones de euros.

Dada la relevancia de la cifra adeudada, el portavoz parlamentario preguntó al gabinete de Clavijo si recurrió los recortes relativos a 2015 y 2016, “corregidos ya en 2017”, gracias al acuerdo presupuestario estatal suscrito por Nueva Canarias. Un interrogante que NC llevará a la sesión de control del Gobierno en el Parlamento.

Recordó además Rodríguez que, para 2018, “no hay un euro nuevo” en los presupuestos del Estado para las islas por la “fracasada” negociación del vicepresidente canario, Pablo Rodríguez, que sólo consiguió trasladar al año en curso los remanentes de 2017, que ascienden a 101 millones de euros. Los nacionalistas de izquierdas plantearon a Clavijo la oportunidad de retomar la exigencia de la devolución de la totalidad de la deuda.