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Román Rodríguez pregunta al Gobierno sobre la compra de ocho motos para la Policía Canaria

El candidato de Nueva Canarias tiene sospechas de que se han gastado recursos públicos en unos vehículos que no son apropiados para la función que deben desempeñar

Román Rodríguez, candidato de Nueva Canarias (NC) al Parlamento autonómico y al Cabildo de Gran Canaria pregunta al Gobierno de Coalición Canaria y al consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, si “es cierto que se han comprado” ocho nuevas motos para la Policía Canaria. Según información a la que ha tenido acceso la formación nacionalista, al parecer el Gobierno de Canarias ha adquirido un total de ocho motos de la marca Kawasaki que tienen un valor cercano a los 18.000 euros, que ya están rotuladas con los colores de la Policía Canaria y que están guardadas en dependencias de este cuerpo de seguridad en el polígono industrial de Las Torres.

El candidato nacionalista señala que lo grave no es sólo que se hayan gastado recursos públicos, cuando se tanto se habla de recortes y apretarse el cinturón, en la adquisición de nuevos vehículos para la policía autonómica, sino que al parecer este tipo de motos son más propias de las que se utilizan para escoltar a vehículos oficiales que para velar por la seguridad de los ciudadanos.

    Además asegura que estos vehículos están guardados en un almacén de la policía y que no empezarán a utilizarse hasta después de las elecciones, según las fuentes de información a la que ha tenido acceso la formación.

“Da la impresión de que el Gobierno de Coalición Canaria y Paulino Rivero tiene algo que esconder”, apunta Román Rodríguez que insta al consejero de Seguridad a “que explique si es verdad que se han gastado cerca de 100.000 euros en la compra de estos vehículos”.

“Los ciudadanos se merecen un explicación” añade, ya que no considera de recibo que se sigan dilapidando recursos públicos en una policía que apenas tiene competencias. “Y menos cuando el Gobierno de Coalición Canaria y Paulino Rivero se ha dedicado cuatro años a predicar la austeridad y practicar justo lo contrario” ahogar a los ayuntamientos y cabildos que están teniendo que hacer frente a servicios que son competencia del Ejecutivo, como la atención a los mayores dependientes, con recursos propios”.