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NC señala que las sentencias del TS evidencian la legalidad de la moratoria turística

Dejan claro que la Ley de Directrices Turísticas defiende el interés general y son conforme a derecho

Nueva Canarias (NC) señala que la batería de sentencias que el Tribunal Supremo (TS) está emitiendo a favor de la Comunidad Autónoma y contrarias a los empresarios turísticos que han denunciado al Gobierno autonómico por considerar lesionados sus derechos de edificación por la Ley de Directrices de Ordenación Turística, más conocida como moratoria turística, evidencian que era ajustada a derecho.


En opinión de la organización nacionalista el correctivo que el TS está realizando de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que han sido favorables a los intereses de los denunciantes, despeja cualquier duda sobre la legalidad de la moratoria al dejar patente que salvaguarda el interés general sin lesionar los derechos de los particulares.   

NC va más allá y asegura que además estas sentencias dejan sin argumentos a los pocos empresarios turísticos que han pretendido hacer del pleiteo contra la administración autonómica y la exigencia de indemnizaciones multimillonarias un lucrativo negocio sin generar ningún tipo de riqueza o empleo en el Archipiélago.

A favor del interés general


“Lo trascendental de las sentencias emitidas, contrarias a las demandas de los empresarios que han denunciado al Gobierno canario por la Ley de Directrices de Ordenación Turística, es que niegan que se haya lesionado los intereses de los propietarios de suelo denunciantes y por tanto rechaza sus pretensiones indemnizatorias con lo que favorecen el interés general”, apunta NC en referencia a que se evita un varapalo a las arcas públicas.

Hay que recordar que la Ley de Directrices fue redactada con el objetivo de limitar el desorbitado crecimiento turístico que se daba en aquellos momentos y el excesivo consumo de suelo, y que fue aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias en abril de 2003.

NC critica que cuando el TSJC emitía sentencias favorables a los empresarios inmobiliarios, el presidente Rivero echaba las culpas al Gobierno de Román Rodríguez por la responsabilidad de la Ley, e incluso destituyó, usándola como cabeza de turco, a la directora de los servicios jurídicos, mientras ahora cuando el TS le da la razón es el primero en “colgarse las medallas” como si tuvieran algo que ver en este triunfo de los intereses generales.

La organización nacionalista señala que son los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma los responsables de haber ganado las sentencias a favor de la moratoria evitando el pago de indemnizaciones a los promotores denunciantes. Consideran que hay que reconocer especialmente la profesionalidad de la anterior jefa de este servicio, María Jesús Mesa que “fue destituida  injustamente por quienes ahora sacan pecho”, Paulino Rivero y José Miguel Ruano.
 
Gabinete de prensa de Nueva Canarias.