Fin de ciclo

Con el horizonte de las elecciones autonómicas de mayo de 2019, la legislatura, después de tres años de irregular recorrido, se encamina hacia su último tramo. Con una Canarias que parcialmente se ha recuperado de la crisis económica por los efectos del viento a favor que ha supuesto la coincidencia de distintos factores externos. Pero, también, lastrada por la inacción y la ausencia de proyecto propio de transformación económica y social del Gobierno de Canarias. Nos encontramos, sin duda, ante un inexorable fin de ciclo del conservadurismo insularista.

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Gobernar en minoría

En Canarias y en España hay, en estos momentos, dos gobiernos en clara minoría parlamentaria. En lo que respecta a nuestra comunidad, con apenas el 17% de apoyo ciudadano en las urnas y sustentado en solo 21 de los 60 escaños de la Cámara canaria (los 18 de Coalición Canaria y los tres de ASG), pero que ha sobrevivido gracias a la alternativa colaboración, por activa o por pasiva, de los dos grandes partidos estatales: PSOE y PP. En el Gobierno central, con más porcentaje de apoyo ciudadano pero con solo 84 diputados y diputadas en el Congreso que forman parte del partido de Gobierno, el PSOE.

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Vivienda, derecho social quebrado

Los datos más recientemente publicados apuntan a un crecimiento de un 17% del precio de la vivienda en régimen de alquiler en Canarias el primer semestre del presente año en relación con el último trimestre de 2017; lo que supone dos puntos porcentuales más que el incremento estatal. Con una media de 785 euros al mes por una vivienda de unos 100 metros cuadrados. Lo que sitúa a nuestra comunidad ligeramente por debajo de la media del Estado, elevada de manera significativa por los casi 1.800 euros al mes de Barcelona, los 1.725 euros de Madrid y los más de 1.400 euros de la capital donostiarra; las urbes con alquileres más caros. Pero, a diferencia de esas ciudades y las comunidades de las que forman parte, no debemos olvidar nuestros lugares de cola en salarios y de cabeza en pobreza y exclusión social.

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PGE 2018, avances y derechos consolidados

La reciente entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 pone en valor la negociación mantenida con el anterior Gobierno del PP en estas dos últimas cuentas públicas. En ella nos propusimos arrancar conquistas y derechos que fueran más allá de las tradicionales exigencias económicas en diversos ámbitos. Además de aumentar los créditos presupuestarios nos empeñamos en consolidar fueros y derechos que redujeran sustancialmente las desigualdades existentes entre la ciudadanía y las empresas del Archipiélago y las del resto del Estado. Así lo pusimos sobre la mesa, así lo hicimos.

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Malos tiempos para la financiación autonómica

El cambio en el modelo de financiación autonómica aprobado en 2009 no va a ser fácil. Debió ser modificada en el año 2014 y la situación económica, además de los problemas territoriales, lo ha ido postergando. No fue capaz de solventarlo un PP con mayoría absoluta y con importante poder en las comunidades autónomas. El presidente Pedro Sánchez, con mayor debilidad parlamentaria que el Rajoy del período del 2011 al 2015, ha decidido aplazar el tema para la próxima legislatura, es decir, después de las elecciones que, previsiblemente, tendrán lugar en 2020.

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