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800 millones para Canarias

Canarias ha sufrido un déficit en financiación autonómica de unos 5.000 millones de euros en relación con la media de las comunidades de régimen común desde la aprobación del modelo vigente, en el año 2009. Lo que ha afectado gravemente al desarrollo de las competencias de nuestra comunidad y, especialmente, a los recursos destinados al funcionamiento de los servicios públicos, deteriorando la sanidad, la educación y los servicios sociales.

                                                                         

Algunas decisiones han ido recortando, aunque solo parcialmente, ese profundo maltrato. Entre ellas, la renuncia del Estado al 50% del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), acordada entre Zapatero y Rivero en el año 2010, y, más recientemente, en 2016, ya con Rajoy y Clavijo, la recuperación del otro 50% del extinto impuesto. Conjuntamente suponen casi 300 millones de euros anuales para las Islas; otro asunto bien distinto es cómo se han gestionado.

Pero mucho más importante que lo anterior es lo que recoge la disposición final decimonovena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que desvincula los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica, corrigiendo un grave error que, en su momento, Nueva Canarias (NC) denunció en solitario. Permite que nuestra comunidad disponga de  217 millones de euros más este ejercicio económico, de 340 millones de euros adicionales el próximo y de 550 millones de euros a partir de 2019.

Ahora la sociedad canaria, su Gobierno y sus formaciones políticas deben luchar de forma unitaria para lograr que Canarias salga lo mejor parada posible del nuevo modelo de financiación; lo que no será nada fácil, por el actual conflicto territorial en Cataluña y por los diferentes intereses que defenderán las distintas nacionalidades y regiones respecto a los cambios del modelo vigente. Así mismo, Canarias precisa mejorar la captación de recursos, mediante una reforma fiscal que plantee un modelo más justo y progresivo. También, actuar con corresponsabilidad fiscal, sin rebajas de IGIC para perfumes ni bajadas indiscriminadas del impuesto de Sucesiones.

El actual marco en el Congreso de los Diputados ha posibilitado, por la necesidad de alcanzar mayorías, que Canarias viera sustancialmente mejorada su situación en las cuentas públicas estatales para 2017. Desde Nueva Canarias facilitamos por responsabilidad, en defensa de los interés de la gente de Canarias, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, más allá de profundas diferencias políticas e ideológicas con el PP. Por el hecho de que suponía un oportunidad única para empezar a corregir el maltrato sufrido por esta tierra, introduciendo medidas para mejorar la inversiones, los servicios públicos y la economía, que inciden positivamente en la mayoría social.

Crédito extraordinario

Gracias a los PGE, la pasada semana se pudo aprobar en la Cámara canaria el proyecto de ley de crédito extraordinario. Aunque recibimos 454 millones de euros más en financiación autonómica, sólo se incluyen 340 millones de euros por las limitaciones de la regla de gasto. Son 340 millones de euros adicionales para los servicios públicos de los que no dispondríamos de no haberse aprobado los PGE para 2017. Afectan, por tanto, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Corresponde ahora al Gobierno hacer un buen uso de los mismos, gestionando con eficacia estas nuevas partidas económicas.

Del planteamiento inicial del Ejecutivo canario hemos logrado modificar el destino de más de 30 millones de euros, incrementando las partidas para reducir las listas de espera sanitarias, para los equipamientos tecnológicos hospitalarios, para la adquisición de ecógrafos dirigidos a la atención Primaria y, también, para las escuelas infantiles, que hace varios ejercicios que no cuentan con ningún apoyo del Ejecutivo.

Por otra parte se produce un incremento de la inversión de 167,5 millones de euros, lo que supone un 19,2% de aumento en este capítulo. Así como una subida en transferencias corrientes para diversas políticas de 69 millones de euros, de los que 42 millones de euros corresponden al Plan Integral de Empleo, cinco millones de euros a actuaciones contra la pobreza, otros cinco millones de euros al Plan concertado de los Servicios Sociales, dos millones de euros a la lucha contra la violencia de género y 15 millones de euros al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) adicional. Además, otras administraciones públicas (cabildos, ayuntamientos, universidades…) van a recibir, para lo que queda de 2017, una inversión por importe de 45,1 millones de euros.

Igualmente, se incluyen otros 8,5 millones de euros en los PGE distribuidos como sigue: potabilización de agua (tres millones de euros), hasta alcanzar los ocho millones de euros; otros tres millones de euros para una nueva política de ayuda al agua de riego agrícola (tanto de pozos como de desalación), incorporados además en el REF; y 2,5 millones de euros más para transporte público (guaguas), que se añaden a los 25 millones de euros que había en el proyecto de los presupuestos.

Billetes aéreos y marítimos

Junto a la financiación hay dos medidas de gran impacto: la bajada a la mitad del coste de los billetes aéreos y marítimos interinsulares y el 100% de ayuda al transporte de mercancías entre las islas y con la Península. Suponen, en el segundo semestre de 2017, una transferencia de renta hacia los residentes y las empresas canarias de 51,2 millones de euros, que en 2018 será el doble, 103  millones de euros, quedando incluidos en el REF como derecho permanente.

Hay que resaltar además que, por primera vez, se cumple con el artículo 96 del REF, que estipula que la inversión en Canarias esté en la media estatal de la inversión regionalizada. Los PGE de 2017 incluyen inversiones para Canarias por valor de 655 millones de euros. Correspondiendo 270 millones de euros a inversiones directas del Estado y 385 millones de euros a transferencias de capital que el Estado hace a Canarias. Eso supone una inversión estatal por habitante en Canarias de 306 euros frente a la media estatal de 183,8. Situando a Canarias 122 euros por encima de la media estatal de inversión regionalizada.

Globalmente, los PGE suponen una inyección de 795 millones de euros en Canarias. Una oportunidad para comenzar a revertir las consecuencias de las políticas de austeridad e impactar positivamente en la economía, el empleo y los servicios públicos. Una oportunidad que exige del Gobierno canario una gestión eficiente, transparente y diligente.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.