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Priorizar la educación

Los dos grandes servicios públicos, sanidad y educación, han sufrido una significativa reducción presupuestaria y una notable pérdida de recursos humanos desde el comienzo de la crisis económica. En el caso de la sanidad lo han padecido directamente sus profesionales -con menos efectivos, con mucha más carga de trabajo y peores condiciones laborales- y usuarios -ampliándose los tiempos de espera, tanto diagnósticos como quirúrgicos y de consultas especializadas-. Otro tanto ha sucedido en la educación, con la eliminación de especialistas y ampliación de las ratios profesor/alumno o reduciéndose sensiblemente la cuantía de las becas universitarias. Dejando gravemente deteriorados a dos de los grandes pilares del estado social.

Con relación a la educación, Canarias presenta notables retrasos en distintos parámetros respecto a las medias españolas y europeas. Aunque es cierto que, por distintas razones, de índole educativo pero también vinculadas con el mercado laboral (con altas tasas de desempleo juvenil), se han reducido los escandalosos niveles de abandono escolar temprano. Situándonos ligeramente por debajo de la media estatal pero muy lejos de los datos europeos.

Iniciativa popular

Los distintos problemas y déficits que siguen afectando a la educación canaria, confirmados por numerosos estudios e informes, movieron a distintas personas y colectivos –sindicatos de docentes, federaciones de las AMPA, asociaciones vecinales, ayuntamientos…- a impulsar, en el año 2011, una propuesta de ley canaria de educación. Se planteó desde una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con una promotora que, sin contar con grandes medios pero sí con muchas convicciones y entusiasmo, recogió más de 36.000 firmas en el conjunto del Archipiélago y llevó al Parlamento su planteamiento.

El camino no fue fácil. Inicialmente el Gobierno, integrado por  CC y PSOE, se negó en septiembre de 2012 a que la ILP se tramitara en el Parlamento canario, alegando que la misma suponía “un incremento del gasto público”, presuntamente avalado por informes emitidos por la Consejería de Hacienda.

La inmediata e indignada respuesta de distintos sectores de la comunidad educativa, la dura y exigente oposición de Nueva Canarias (NC), hicieron que el Ejecutivo reconsiderara su actitud de partida y la ley pudo, finalmente, presentarse y debatirse en la Cámara canaria. Un proceso en el que destaca el trabajo parlamentario de las diputadas Rita Gómez y Carmen Hernández, con un elevado compromiso con el sistema público educativo de las Islas.

La Ley Canaria de Educación (LCE) fue finalmente aprobada en noviembre de 2014, con los votos favorables de CC, PSOE y NC. Entre sus compromisos figura que en el año 2022 nuestra comunidad dedique a educación el 5% de su PIB, algo que exige un crecimiento progresivo hasta alcanzar ese objetivo. Así como un conjunto de ambiciosas medidas dirigidas a incrementar la calidad y la equidad del sistema educativo canario.

Su desarrollo ha sido muy limitado estos años. No ha existido, hasta ahora, una decidida voluntad de cumplir con los preceptos de la ley, en materia presupuestaria y en el desarrollo de los contenidos de la misma en educación infantil de cero a tres años –a la que no han aportado un solo euro hasta que NC consiguió partidas destinadas a la misma en la ley de crédito extraordinario-infraestructuras, formación del profesorado, idiomas, atención a la diversidad y formación profesional.

Tampoco han ayudado distintas declaraciones del presidente del Ejecutivo, señalando su intención de rebajar sus objetivos, tanto económicos como en contenidos. De forma evidente no se han cumplido los compromisos presupuestarios. En lugar de acercarse a ese objetivo del 5% del PIB, las cuentas públicas de los últimos años nos han alejado del mismo, incumpliendo con lo señalado en la ley y confirmando que la educación no es una prioridad política y social para los actuales dirigentes de las Islas.

4% del PIB

Ahora, nuevamente, una iniciativa ciudadana pretende recuperar el espíritu de la ley y recordar al Gobierno la necesidad de su cumplimiento. Exigiendo que en las cuentas públicas para 2018, y tras varios años con el PIB creciendo, el sistema educativo eleve su presupuesto hasta alcanzar el 4% del PIB canario.

En un manifiesto apoyado por centenares de personas del mundo educativo, cultural y social se señala que,desde la aprobación de la Ley Canaria de Educación, el Ejecutivo canario “ha eludido el cumplimiento de la misma y el presupuesto de educación en relación con el PIB, en lugar de incrementarse progresivamente ha perdido 0,3 puntos porcentuales”. Emplazando al Gobierno “a elaborar y presentar al Parlamento un presupuesto que asigne el 4% del PIB a Educación ya en 2018 y que se comprometa a elevar esta cifra progresivamente hasta alcanzar el 5% establecido en la LCE en 2022”.

Desde Nueva Canarias secundamos esta iniciativa.La mejora del sistema educativo merece todos los esfuerzos. Dignificando la labor docente. Apostando por una educación inclusiva, de calidad y que forme futuros profesionales sin olvidar los fundamentales valores democráticos. Garantizando la igualdad de oportunidades. Impulsando los idiomas. Recuperando los recursos detraídos por las políticas de austeridad y recortes. Educando en igualdad entre hombres y mujeres para desterrar cualquier forma de discriminación y violencia. Y ello exige recursos económicos, así como buena planificación y gestión.

Por eso defendemos que el Gobierno de Canarias cumpla con el conjunto de compromisos de la Ley Canaria de Educación, que desde NC hemos apoyado desde un primer momento y celebramos que más fuerzas políticas se sumen al respaldo a la misma. Y, paralelamente, consideramos imprescindible que salga adelante el Pacto Social y Político por la Educación que se debate en el ámbito estatal. Para que la educación sea, de verdad, una prioridad.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.