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Un crecimiento disparatado

El modelo de crecimiento que impulsan los actuales gobernantes de Canarias resulta, en mi opinión, absolutamente disparatado. No está pensado en clave autocentrada, de manera que tenga presente y futuro, no dilapide irracionalmente recursos, entre ellos el territorio, respete el medio ambiente y garantice el bienestar de la población. Con un alto desempleo y los mayores niveles de pobreza y exclusión del Estado español se puede hablar de muchas cosas, pero no de éxito del vigente estatus.

Un modelo que renuncia a la diversificación económica –que queda reducida, en las cuentas públicas y en el conjunto de políticas del Gobierno canario, al discurso,  no a su implementación práctica- y que se basa, fundamentalmente, en el crecimiento cuantitativo del sector turístico en busca de nuevos records. Aunque estos distorsionen la movilidad, incrementen los vertidos, distorsionen el debilitado mercado de la vivienda y afecten a nuestros servicios públicos.

Y no resuelvan el problema del empleo o, mejor, de la falta de éste y de su baja cualificación y remuneración. Cuando el Gobierno central señala que Canarias será la más beneficiada del aumento del salario mínimo interprofesional está afirmando que tenemos los peores salarios del conjunto del Estado. Lo que conlleva, para decenas de miles de personas, dificultades para llevar una vida digna hoy y, también, se proyecta hacia el futuro en bajas prestaciones por desempleo y paupérrimas pensiones de jubilación. Además, paradójicamente, con nuestras altas tasas de desempleo seguimos importando mano de obra.

Crecimiento poblacional

En un corto período de tiempo nuestro crecimiento poblacional ha sido muy significativo, frente a otras comunidades que aumentaban atemperadamente. En 25 años, nuestra comunidad amplió en medio millón su población. En el mismo plazo el País Vasco, con simular punto de partida demográfico, lo hizo en 100.000. A lo que hay que sumar el impacto de pasar de nueve millones a 16 millones de visitantes anuales, afectando a la movilidad, a la ocupación espacial por carreteras, a la vivienda, a la saturación de los servicios públicos…

Canarias tuvo el pasado verano un problema con relación a los vertidos de aguas sin depurar al litoral. Una situación en la que ha influido el crecimiento en residentes y visitantes. Con consecuencias medioambientales y de salud, y que afectan, asimismo, a la imagen del turismo. Aunque algunos quieran olvidarlo, ya en las Directrices de Ordenación General, aprobadas por unanimidad del Parlamento en 2003, se establecía como prioritario el desarrollo de las infraestructuras de carácter ambiental para “el tratamiento de residuos, el saneamiento, la depuración y los vertidos” (directriz 25).

Además, en la directriz 31, y como norma de aplicación directa, se afirma que debe haber un plan de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales. Señalando que deben fijarse unos plazos máximos para la construcción y entrada en funcionamiento de sus infraestructuras. Y destacando que las administraciones deben dedicar recursos precisos para que esto sea posible. Estableciendo las responsabilidades del Gobierno canario en el control de los vertidos y en la erradicación de vertidos al mar de aguas sin depurar.

El desmesurado crecimiento poblacional afecta, también, a otros muchos parámetros, entre ellos el consumo energético (y, por tanto, la elevada contaminación generada en su producción, con peso enormemente mayoritario de los combustibles fósiles), un mayor gasto de agua, producida en buena parte por desaladoras que utilizan energía para su funcionamiento, o más generación de residuos sólidos, a lo que se añade el elevado parque móvil.

Igual sucede con las carreteras, especialmente en algunos territorios. Con un panorama de colapso permanente. Tenemos, en un territorio tan limitado como el de las islas, 1,6 millones de vehículos a motor a octubre de 2017, según el Istac, es decir 1,1 vehículos por cada residente mayor de 18 años, y continuamos aumentando. Este año se adquirirán más de 80.000 nuevos coches. No podemos crecer hasta el infinito en nuevas carreteras. Se impone la apuesta por una movilidad sostenible, con vehículos menos contaminantes y un mayor más peso del transporte público -incluido el transporte guiado en las islas más pobladas-, mejorando su eficiencia para hacerlo más atractivo para la mayoría.

Disponemos en algunas de nuestras islas y núcleos urbanos de la mayor concentración de centros comerciales del Estado español. Afectando negativamente al pequeño y mediano comercio y, también, generando nuevos puntos negros en la movilidad por la saturación de vehículos que originan en los barrios en que se instalan.

Los servicios públicos también se han visto afectados por el crecimiento poblacional y turístico. Obligando en su momento a impulsar los planes Sur de infraestructuras educativas para la construcción de nuevos centros escolares y generando, asimismo, problemas de dimensionamiento en los hospitales, especialmente en las islas turísticas, y centros de salud.

Vivienda

Por otra parte, a la ausencia de políticas de vivienda se añade la ausencia de regulación del alquiler vacacional que está produciendo un grave problema en numerosos puntos de las islas, encareciendo los precios y expulsando a la población residente.

Además, el Gobierno y los grupos que le apoyan sacan adelante dos leyes profundamente desarrollistas, la de las islas verdes y la del Suelo, profundizando en un modelo económico insostenible.

Persistir en el actual modelo, como hace con escasa reflexión el Gobierno de Canarias, agudiza nuestros problemas medioambientales y territoriales, así como los que afectan a la movilidad y, en definitiva, a la calidad de vida. No soluciona el alto desempleo ni la calidad de muchos de los trabajos que realizan los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. No facilita solventar los cuellos de botella de nuestros servicios públicos. No ofrece mejores perspectivas de futuro para nuestra gente. La alternativa pasa por un cambio de orientación hacia una Canarias sostenible.