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Una reforma electoral inaplazable

La democracia implica contar con parlamentos y gobiernos que emanen de la voluntad popular expresada libremente en las urnas, con instrumentos de participación, con transparencia en la gestión y control de ésta. Precisa, además, que los órganos de representación respondan a lo que los ciudadanos y las ciudadanas deciden en las urnas y que exista una adecuada proporcionalidad entre los territorios y las personas. Lo que no sucede, en modo alguno en Canarias.

Por un lado, por sus elevadas barreras que impidieron que, con más de 50.000 votos, Nueva Canarias (NC) en el 2007 y Ciudadanos en el 2015; pudieran acceder a la Cámara canaria. Por otro, por la enorme desproporción del voto entre los territorios que hace que, en El Hierro, valga 17 veces más que en Tenerife o en La Gomera, casi 11 veces más que en Gran Canaria.

Cuando en los modelos más desproporcionados y cuestionados en las elecciones autonómicas y en las generales la desproporción entre territorios se mueve entre 2,25 (la existente entre Lleida y Barcelona), 3,5 (entre las circunscripciones vascas de Gasteiz y Bizkaia), en el caso de las autonómicas, o casi cuatro, la máxima en unos comicios generales, entre Soria y Madrid. Lo que ha llevado a distintos partidos, sobre todo Ciudadanos y Podemos, a plantear propuestas de reforma. Cuando esas máximas se parecen bastante a nuestras mínimas.

La sociedad civil organizada en movimientos como Demócratas para el Cambio y la mayoría de las fuerzas parlamentarias han realizado un enorme esfuerzo en el último año en la búsqueda de una propuesta de consenso con el objetivo de posibilitar la mejora del sistema electoral más injusto de todas las comunidades autónomas.

Moderada

Fruto de ese acuerdo se elaboró y presentó una propuesta de cambio moderada. Que no quita nada a nadie, al mantener la actual distribución insular de escaños, pero que añade uno más a Fuerteventura (que pasaría a tener ocho, como La Palma), que corrige un desfase poblacional imprevisto cuando se elaboró el primer Estatuto. Incorpora además un sistema de restos de nueve escaños que ayuda a mejorar la representatividad de las islas más pobladas, en una banda entre el 21% y el 25% en relación con la situación actual.

Así se configura un Parlamento de 70 escaños, 10 más que los actuales, permitido por el actual Estatuto. Euskadi, con similar población que Canarias, tiene 75 escaños (15 más que las Islas) desde hace casi cuatro décadas. Extremadura, con la mitad de población, tiene 65, cinco diputados más; y ambos son territorios continentales. En Canarias, por ser un archipiélago, con siete circunscripciones electorales y enormes diferencias poblacionales; es mucho más complejo y, aun así, el nuevo modelo sería perfectamente homologable.

La propuesta, muy ponderada, de mínimos, no coincide con lo que cada uno de los partidos defendía inicialmente. Unos apostaban por incorporar, junto a los 60 diputados actuales, una lista archipelágica de 10 escaños; otros elevaban esta cifra hasta más de 30 reduciendo notablemente los actuales diputados insulares.

Pero todos, finalmente, renunciamos a nuestros particulares planteamientos en aras a alcanzar el máximo nivel de acuerdo posible. Así lo hicimos cuatro formaciones del Parlamento canario, PP, PSOE, Podemos y NC. Grupos que actualmente aglutinan a 39 diputados y diputadas de los 60 que tiene la Cámara canaria (el 65%) y suponen conjuntamente el 77% de los votos ciudadanos representados en esta legislatura en el Parlamento.

La mayoría parlamentaria ha realizado ímprobos esfuerzos para tratar de convencer a Coalición Canaria de que se sume a esta propuesta democratizadora, a este modesto avance que mejora nuestro sistema electoral, posibilitando ganar en pluralidad y en proporcionalidad. No ha sido posible. No habrá ley canaria por el empecinamiento de Coalición.

La respuesta de CC, presentada hace una semana, resulta absolutamente insuficiente: un diputado más para Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, hasta conformar un Parlamento de 63 escaños; y unas bajadas de barreras al 15% insular y al 3% archipelágico, que sí coinciden básicamente con la propuesta de la mayoría parlamentaria.

Considero que esta propuesta no aborda con rigor el grave problema de la desproporcionalidad del voto que existe en la comunidad canaria, que no se soluciona aumentando en un solo escaño los que ahora tienen Gran Canaria y Tenerife, 15 cada una. Pero, también, entiendo que tiene sus elementos positivos: se abre a ampliar el número de diputados y, asimismo, rompe con el dogma de la triple paridad.

Inmovilista

Se trata de una posición conservadora, insularista e inmovilista, que piensa más en los intereses de CC que en los de Canarias y su gente, y que pretende evitar que se alcance un acuerdo de reforma antes de las elecciones de 2019. Hay que recordar que los votos de CC y ASG (21 conjuntamente) pueden bloquear la reforma para la que se precisan 40 de los 60 escaños de la Cámara canaria, una elevada mayoría cualificada, cuando para cambiar el Estatuto basta con 31 votos.

Queda ahora la opción de intentar modificar el sistema electoral canario en el marco de la reforma estatutaria, actualmente tramitándose en el Congreso de los Diputados. En las Cortes Generales se aprobó y, en ellas, fue empeorado unilateralmente por CC en 1996, elevando sustancialmente las barreras de acceso. Pero, observando el baile de sillas de CC con los grupos mayoritarios en el reparto de cargos dependientes del Parlamento y de la Administración del Estado, surgen dudas sobre las posibilidades reales de cambio.

Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.