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El empleo como prioridad

Sin duda, la prioridad de la próxima legislatura será la lucha contra el paro y por la creación de empleo. Canarias lidera la tasa de paro con 29,0%, 9 puntos más que la media estatal, con 314.400 desempleados (EPA 4º trimestre de 2010). También la de hogares con todos sus activos en paro, un 16,1% frente a una media española del 10,3%. Además el 48,9% de los parados canarios son de larga duración, es decir, llevan más de un año sin empleo. Ese 29% es la mayor tasa desde que hay estadísticas de paro de la EPA. La que más se aproxima, del 28,5%, se dio en 1993, tras la crisis de principios de los 90. Para bajar esta tasa del 28,5% al 10% de mediados del 2007 pasaron 15 años de crecimiento económico intenso y continuado, la fase expansiva más duradera de nuestra historia. Sin embargo, con la crisis se triplicó la tasa de paro en tres años, pasando del 11% en diciembre de 2007 al 29% en diciembre de 2010. ¿Cómo vamos a reducirla cuando ni habrá crecimiento desmesurado de la construcción ni facilidades de crédito como los de los últimos 15 años?

 

 

Propaganda


Eso sí, el paro no se resuelve ni con propaganda ni con frivolidades como las que continuamente anuncia Rivero. Es lamentable que un presidente del Gobierno afirme que ha creado 40.000 empleos en 2010, cuando los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan que en 2010 hay 20.600 parados más y se han perdido 11.771 empleos netos (caída de afiliados a la Seguridad Social). O que de enero al 22-M creará otros 80.000 empleos cuando los datos oficiales nos dicen que en los tres primeros meses de 2011 (enero-marzo) el paro registrado se incrementó en 6.582 desempleados y se han perdido 5.664 afiliados a la Seguridad Social. La tozuda realidad es que en sus casi cuatro años de gestión el paro se ha incrementado en 201.600 personas y se han destruido 124.861 empleos netos.

Tampoco hay ninguna base real para decir que en Canarias “amanece” o que saldremos antes de la crisis que el resto del Estado. A pesar del aumento de turistas en 2010, la primera estimación del PIB Regional de 2010, publicada por el INE, demuestra lo contrario: el conjunto de la economía española tuvo un decrecimiento real del -0,1% y Canarias tuvo un registro mucho peor, -0,8%. Mientras que los territorios que encabezan el crecimiento económico son Navarra, con 1,2%, y País Vasco y Castilla León, ambos con un 0,8%.

Es evidente que Canarias necesita una extraordinaria inyección económica del Estado en inversión y en transferencias de renta. La situación es muy grave como lo refleja el diagnóstico descarnado que de nuestra comunidad hace el documento del Plan Canarias aprobado por Consejo de Ministros el 9 de octubre de 2009. Era de esperar que ante una situación socioeconómica tan crítica se adoptaran por parte del Estado medidas extraordinarias. Pero no ha sido así: ni el Plan Canarias ni los PGE de 2010 y 2011 aportan los recursos económicos prometidos por Zapatero y que Canarias necesita.

Exigir lo que nos corresponde


La primera medida de impacto para transformar nuestra actual situación, ante la retracción del capital propio, pasa por exigir lo que nos corresponde. Es decir, colocarnos en la media española en financiación autonómica y en inversión en los Presupuestos Generales del Estado. Porque hoy recibimos 545 millones de euros anuales menos en financiación respecto a la media estatal. Y, asimismo, en 2010 y en 2011, la inversión de los PGE ha estado 240 millones de euros por debajo de la media de las comunidades autónomas. Esos 800 millones de euros anuales, que nos corresponden y que no nos han dado, serían determinantes para sacar a Canarias de su actual y grave situación. Esos casi dos puntos de nuestro PIB que supondrían una financiación y unos Presupuestos justos con Canarias tendrían un reflejo nítido en el crecimiento de la demanda y en la creación de empleo.

La segunda actuación es contar con un Plan Canarias de verdad, no el que nos han vendido, con mucha propaganda y escasas concreciones prácticas. No es un problema sólo de recursos económicos, sino sobre todo de voluntad política. Porque Zapatero sí ha entendido la necesidad de inyectar en Castilla-León inversiones millonarias en tres años (2010-2012), amparado en su Estatuto de Autonomía y en su Plan de Convergencia Interior. En efecto, este Plan le aporta entre 2010 y 2011 nada menos que 4.177 millones de euros. Eso sí es un Plan con financiación y no el Plan Canarias, que es puro humo. Hay que recordar que la tasa de paro en Castilla-León es sólo del 15,2%, la mitad de la nuestra, y su PIB por habitante es del 97,5%, once puntos más de riqueza relativa que las Islas; y, sin embargo, la inversión per capita en Castilla-León duplica la media española y Canarias se sitúa claramente por debajo de la media. Todo apunta a que ese Plan está influyendo decididamente en que Castilla-León aparezca como una de las tres comunidades con crecimiento económico positivo en 2010.

Pero el Gobierno canario también debe adoptar medidas eficaces en la lucha contra el paro. Entre otras, incrementar la inversión pública en actividades estratégicas para nuestra economía y volver a poner en marcha los planes sectoriales conjuntos con cabildos y ayuntamientos, produciendo sinergias inversoras y adecuadas a cada realidad territorial. Justo lo contrario de lo que hace el Presupuesto canario para 2011, que no combate el ciclo recesivo de nuestra economía. Así,  la inversión cae en 292,3 millones (-24,3%) respecto a 2010, que a su vez ya había disminuido un 7% (-92 millones). Además, el Ejecutivo debe incentivar y facilitar la captación de inversión extranjera, que ha sido clave para el avance de España y Canarias en el pasado más reciente.

Por otra parte, la reforma de los actuales incentivos del Régimen Económico Fiscal debe tener como prioridad y orientación general buscar los mecanismos para mantener el tejido empresarial canario, conservar el empleo existente y crear nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, avanzo la propuesta de que en la reforma del REF, a partir del 2013, se minoren un 25% las cotizaciones sociales para todos los asalariados con contrato por tiempo indefinido, así como los autónomos. Esta cantidad debe ser aportada a la caja única de la Seguridad Social: una parte puede salir de la suspensión temporal de los incentivos fiscales del REF, por ejemplo de los beneficios fiscales presupuestados para la RIC; otra, de las actuales bonificaciones a los contratos que hoy concede el Gobierno canario, fundamentalmente por ampliación de plantilla.

A la creación de empleo, desde las propuestas rigurosas y no desde la propaganda, dedicaremos nuestros máximos esfuerzos en ayuntamientos, cabildos y Parlamento canario, conscientes de la gravedad de la situación y del sufrimiento que supone para decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas de la comunidad que más padece las consecuencias de la crisis económica. En un segundo artículo, abordaré otras medidas, como las referentes a la reorientación de nuestro modelo económico y a la formación.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.