Nuevo curso, viejos problemas

Canarias inicia el nuevo curso político con un Gobierno, el de Coalición Canaria que, tras maltratar y romper con el PSOE a finales de 2016 y no llegar a un acuerdo con el PP a comienzos del verano, dispone de un minoritario apoyo parlamentario. Apenas un tercio de la Cámara, que representa poco más del 17% de los votos de los electores que fueron a las urnas en mayo de 2015. Pero que, como si no fuera consciente de su soledad, sigue comportándose en muchas ocasiones de forma arrogante y soberbia.

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El Gobierno y sus incompetencias

Distintas circunstancias han hecho que este verano haya sido pródigo en acontecimientos noticiables en Canarias. Algunos de ellos con posibles graves consecuencias para el medioambiente y la salud ciudadana: desde los numerosos vertidos incontrolados en el litoral a la crisis de las microalgas, pasando por el caso del incendiado buque Cheshire. Y en casi todos ellos se ha echado en falta una mayor diligencia, una mejor información a la opinión pública y un necesario liderazgo por parte del Gobierno de Canarias, evitando de esta manera cualquier tipo de innecesario alarmismo. Así como las correspondientes actuaciones del Ejecutivo.

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Ley desarrollista sin futuro

Por primera vez, una ley estructurante, que afecta al territorio de Canarias, es aprobada sin contar con el respaldo unánime de su Parlamento. La Ley de Espacios naturales del año 1994, la de Ordenación del Territorio (1999) y la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo (2003) gozaron de amplios consensos y fueron aprobadas por unanimidad. Mientras, la Ley del Suelo fue apoyada por tres de los seis grupos parlamentarios, CC, PP y Mixto, que cuentan con 33 diputados que representan 70.000 votos menos que los que suman las fuerzas políticas que votaron no a esta nueva legislación.

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Gobiernos en minoría

El curso político se cierra en Canarias con un Gobierno incapaz de consolidar una mayoría parlamentaria tras la expulsión de los socialistas, el pasado mes de diciembre, y el fracaso de las conversaciones para integrar al PP en el Ejecutivo. Y con dos acontecimientos de muy distinto signo. La aprobación por unanimidad del crédito extraordinario, que supone 340 millones de euros adicionales para los servicios públicos, fruto del desbloqueo de Nueva Canarias (NC) de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. Y el desastre en la gestión de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), que ha llevado a que toda la oposición sume sus fuerzas para pedir la dimisión del presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, y la apertura de un proceso de cambio profundo en la radio televisión pública canaria.

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800 millones para Canarias

Canarias ha sufrido un déficit en financiación autonómica de unos 5.000 millones de euros en relación con la media de las comunidades de régimen común desde la aprobación del modelo vigente, en el año 2009. Lo que ha afectado gravemente al desarrollo de las competencias de nuestra comunidad y, especialmente, a los recursos destinados al funcionamiento de los servicios públicos, deteriorando la sanidad, la educación y los servicios sociales.

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