Victoria municipalista

Los ayuntamientos canarios y del conjunto del Estado español llevan varios años reivindicando modificar la vigente legislación, impuesta por el PP al llegar al Gobierno tras las elecciones generales de diciembre de 2011, que ha venido restringiendo de manera significativa a los que tienen sus cuentas saneadas invertir en sus municipios, por las limitaciones establecidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en el año 2012.

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8M, sacudiendo las conciencias

El movimiento feminista ha convocado una huelga de mujeres para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un paro que, por sus contenidos y objetivos –lucha contra la discriminación salarial, visibilización del trabajo doméstico y los cuidados a personas dependientes en el ámbito familiar, rechazo a la violencia machista…-, constituye una movilización social que se convierte en un aldabonazo, una sacudida de las conciencias ante una situación de marginación que afecta a la mitad de la humanidad, en muy diversos ámbitos.

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El REF de la gente

Con frecuencia se habla del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias como algo alejado de la vida cotidiana y que sólo interesa, y beneficia, a administraciones y sectores empresariales. Sin embargo no es, en modo alguno, así. Los contenidos del nuevo REF económico, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, van a suponer una sustancial mejora en aspectos que nos afectan al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del Archipiélago en materias como transporte, energías, formación y empleo, entre otras.

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Gas por un tubo

El Gobierno de Clavijo quiere que tengamos gas por un tubo. Para ser más precisos, por muchos tubos. Se calcula que se necesitarán aproximadamente 3.000 kilómetros de tuberías para trasladar gas (ahora aire propanado) hasta los hogares en las urbes más pobladas de nuestro Archipiélago. Todo ello se pretende poner en marcha sin que exista demanda ciudadana y solo como inmediata y ágil respuesta del Ejecutivo canario al interés de negocio de algunas empresas. Sin que, tampoco, se hayan molestado en solicitar la opinión a la ciudadanía, a las corporaciones locales y al propio Parlamento. Sin pensar, en ningún momento, en el interés de la mayoría social sino en las exigencias de minorías.

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Carreteras: gestión y sostenibilidad

Canarias tuvo que pelear, y mucho, para que el Estado se implicara en la financiación de nuestras carreteras. Felipe González se negó durante su prolongada etapa en la Presidencia del Gobierno. Consideraba que era una competencia estatutaria canaria y que el Ejecutivo central no debía comprometerse. Al final se consiguió en las negociaciones de los nacionalistas canarios con el Gobierno de Aznar, en 1997, lo que supuso una inversión de 217.000 millones de pesetas de entonces, unos 1.300 millones de euros.

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